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El Capítulo Argentino de Women´s Democracy Network se encuentra realizando acciones de incidencia colectiva en pos de la implementación de la Ley 27.499 (conocida como Ley Micaela) desde hace más de un de año. Dicha normativa dispone la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública de los tres poderes del estado, en todos sus niveles y jerarquías. La ley se sancionó en 2018 y la autoridad de aplicación es actualmente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La iniciativa fue motivada por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en manos de Sebastián Wagner y Néstor Pavón. Wagner ya había sido condenado por violación y tendría que haber permanecido preso conforme a los dictámenes profesionales. Sin embargo, gozaba de libertad condicional por decisión judicial. La responsabilidad del Estado se cobró una nueva víctima, una muerte que podría haberse evitado.

Desde la promulgación de la ley, WDN Argentina ha implementado conversatorios y capacitaciones para difundir la importancia de esta Ley. Particularmente, en el marco de la campaña regional LAC 10 días de activismo contra la violencia de género, esta organización llevó a cabo una mesa de seguimiento de estado de situación y avances de la implementación de la ley a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual participaron funcionarios de los tres poderes del Estado. En dicho encuentro, se abordó el contenido de la capacitación propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, un cronograma de actividades y las propuestas de los respectivos poderes judiciales y legislativos en el marco de su implementación.

Creemos importante recordar que, de acuerdo con las cifras reveladas por el Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria (Mumalá), en lo que va del año 2020, al cierre del martes cuatro de mayo, en la Argentina hubo 108 víctimas de la violencia de género. Las estadísticas indican que cada 29 horas un hombre mata a una mujer. En este sentido, el objetivo de la Ley Micaela es fundamental, y se convierte en una herramienta concreta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Si bien la violencia de género no se frena sólo con capacitaciones estatales, éstas son fundamentales a la hora de avanzar hacia un Estado presente en términos de lo que Rita Segato señala como la necesidad de trabajar en la transformación de hábitos y prácticas cotidianas que terminen con los estereotipos de género y la discriminación por el solo hecho de ser mujeres.

Esta política pública es esencial para el fortalecimiento de la democracia, la equidad y la igualdad en cuanto a la prevención de la violencia de género. Sin embargo, consideramos que son muchos los esfuerzos que se deben hacer para que existan políticas públicas transversales contra la violencia de género.

Finalmente, así como fuimos gestoras de una primera acción de visibilización de la importancia de avanzar en la implementación de esta Ley, sostenemos que dicho compromiso no se detendrá. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Solo así podremos encaminarnos hacia la Igualdad de Género, tal como lo establece Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

¡Defendamos la Ley Micaela! Solo así avanzaremos hacia un Estado más responsable en el que todos y todas luchemos por erradicar la violencia contra las mujeres.