La Construcción Democrática Sustantiva

Hoy, hace 72 años atrás, se promulgaba la Ley Nº 13.010 la cual consagró que las mujeres argentinas tienen los mismos derechos políticos y quedan sujetas a las mismas obligaciones que los hombres. Dicha norma permitió al género femenino acercarse por primera vez a las urnas para sufragar en las elecciones de 1951. Con ello, queda en evidencia que para apreciar las conquistas de las mujeres por alcanzar una igualdad de oportunidades y trato en el terreno político no hace falta remontarse a tiempos muy lejanos.
A lo largo del siglo XX, se siguieron sumando victorias tales como la sanción en 1991 de la Ley Nº 24.012 -primera legislación del mundo en exigir una cuota mínima de mujeres en las listas partidarias para cargos legislativos nacionales- y en 1994, cuando al modificarse nuestra Constitución Nacional se incorporó el Artículo 37 que establece que el Estado debe mediante acciones positivas garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, mientras que por el Artículo 75 inc. 22) se otorgó jerarquía constitucional a diez instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos entre los que se encuentra la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El 2019 también quedará marcado como otro hito en la lucha de las mujeres y en la historia democrática de nuestro país. En virtud de la Ley Nº 27.412 de 2017 que consagra el principio de paridad de género en los ámbitos de representación política, por primera vez los partidos políticos para obtener la oficialización de sus listas y así poder participar en las PASO y luego en las elecciones generales del corriente año, debieron conformar las mismas para la elección de cargos legislativos nacionales y parlamentarios/as del Mercosur ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a pre-candidato/a titular hasta el/la último/a pre-candidato/a suplente. Es más, dicha legislación avanza sobre un segundo aspecto fundamental al establecer como requisito para la existencia de los partidos políticos que se respete la paridad de género -aunque sin necesidad de cumplir estrictamente con el principio de alternancia- en la conformación de las listas de candidatos/as para la renovación de autoridades partidarias.
DISCRIMINACIÓN INVERSA
El devenir histórico antes descrito pone en evidencia el protagonismo de las leyes como herramientas de promoción de derechos y de la igualdad real entre hombres y mujeres. Sin embargo, como señala ONU MUJERES (2017) una sociedad que promueve igualdad sin considerar las diferencias existentes -sobre todo en cuanto a oportunidades- entre los individuos y grupos que la componen, difícilmente llegue a cumplir ese objetivo, puesto que la aplicación de reglas neutrales sólo mantiene resultados desiguales. Esta constituye la razón de ser de la llamada “discriminación inversa”.
En ese sentido, desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 24.012 se produjo en nuestro país un aumento cuantitativo sostenido de la participación de la mujer en el ámbito legislativo, lo cual tuvo efectos cualitativos significativos en materia de representación sustantiva al ampliarse la agenda parlamentaria mediante la inclusión de temas relativos a los derechos de la familia, adolescencia, de la mujer, de los niños y niñas, de los ancianos, y de otras minorías como nunca antes (Del Cogliano y Degiustti, 2018).
Empero, hacia 2017 el informe “La Paridad Política en Argentina: Avances y Desafíos” elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU MUJERES e IDEA Internacional, remarcaba el hecho que la participación de la mujer en la política argentina había llegado a un techo no vislumbrándose un cercano crecimiento de la presencia femenina en el Estado, siendo la cantidad de mujeres en algunos estamentos de la vida institucional del país excesivamente baja.
En este contexto emerge el principio de paridad de género, el que -en el ámbito político- busca equiparar la participación de las mujeres en los parlamentos a través de los partidos políticos, lo cual viene a aportar en tres sentidos teóricos: 1) al logro de la igualdad como meta de la democracia, 2) a una mayor justicia al defender la ampliación hacia sectores históricamente marginados y, 3) a una representación política más diversa al promover la pluralidad temática. En el aspecto práctico, viene a resolver principalmente dos problemas derivados de la aplicación de leyes de cuota: 1) el piso mínimo porcentual de candidatas en las listas y 2) la presencia-ausencia de un mandato de posición para que las mujeres ocupen lugares más beneficiosos en las boletas (ONU MUJERES, 2017).
Así, en 2018 mediante la sanción de la Ley Nº 27.412, Argentina se sumó a los países latinoamericanos que en 2009 iniciaron procesos de adopción de normas electorales paritarias. Ahora bien, la ley en cuestión no implica inmediata ni necesariamente la conformación de cámaras legislativas compuestas en un 50 % por mujeres dado que entran a jugar factores como el número de bancas que se elige en cada provincia y, sobre todo, quiénes encabezan las listas (Del Cogliano y Degiustti, 2018).
CONCLUSIÓN
La democracia constituye el pilar fundamental y marco institucional para la tutela y realización de los Derechos Humanos entre los que se encuentran los derechos políticos. Al mismo tiempo, el ejercicio efectivo e igual de estos derechos políticos fortalecen el sistema democrático, generando así un círculo virtuoso.
Como manifiestan Del Cogliano y Degiustti (2018), la Ley de Paridad de Género vuelve a dar un paso fundamental hacia una mejor y más fuerte democracia, erigiéndose en incentivo para el desarrollo de un proceso de cambio cultural que revierta prácticas negativas y al constituirse en expresión del compromiso del Estado con la construcción de una democracia más sustantiva. La presencia femenina en el Estado ha probado con creces ser propicia a la construcción de una agenda de debate y política más rica e inclusiva.
Como bien señala Isabel Torres (2008), dado que el ejercicio de los derechos políticos no se reduce a la posibilidad de votar sino que involucra la posibilidad de ser votado/a para acceder a funciones públicas y participar de la gestión de los asuntos públicos, han sido necesarias medidas de acción afirmativas o políticas de diferenciación para la igualdad -como las leyes antes mencionadas- para superar asimetrías y prácticas discriminatorias que han marginado a la mujer. Con ello, la paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres sino la expresión más amplia de universalidad y de la realización del derecho a la igualdad de todos los seres humanos. Sin embargo, ni las cuotas, ni la paridad -por sí mismas- garantizan la calidad de la representación.

By Florencia Belén Viola


Bibliografìa:
DEL GOGLIANO, Natalia y DEGUISTTI, Danilo (2018). La nueva ley de paridad de género en Argentina: Antecedentes y Desafíos. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/publicaciones
ONU MUJERES (2017). Paridad de género: política e instituciones. Hacia una democracia paritaria. Recuperado de: http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/2/paridad-de-genero-politica-e-instituciones
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), ONU MUJERES e IDEA INTERNACIONAL (2017). La paridad política en argentina: avances y desafíos. Recuperado de: https://observatoriogenero.senado-ba.gov.ar/Informes/PNUDArgent-InfAteneaArgentina.pdf
TORRES, Isabel (2008). Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23830.pdf
Abogada por la Universidad Nacional del Litoral, maestrando en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como asesora legal en la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación. Miembro de La Generación y editora en Revista El Cruce.

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